El valor compartido y la relación entre la empresa y el Estado: ¿por qué debe preocuparnos lo que sucede en Medellín?

En las últimas décadas se ha presentado una amplia discusión alrededor de una de las preguntas fundamentales sobre el gobierno corporativo: ¿para quién se gobiernan las empresas? Es decir, ¿cuáles son los intereses que deben prevalecer cuando se toman las decisiones en este tipo de organizaciones? Una pregunta que parece sencilla, pero con implicaciones relevantes sobre el deber fiduciario de los miembros de las juntas directivas y los tomadores de decisiones en el ámbito corporativo. En el desarrollo de esta discusión, hemos evidenciado un cambio de enfoque o paradigma, en el cual pasamos de un modelo centrado en los accionistas a un modelo centrado en los grupos de interés.

La postura de un premio nobel de economía, Milton Friedman, en una columna de opinión en 1970[1], y especialmente la interpretación que se hace de sus argumentos, llevó a suponer que los intereses de los accionistas o propietarios son los que prevalecen, sin importar los de otras partes involucradas en las empresas y que hacen posible la realización de su propósito y el desarrollo de la actividad económica. Para Friedman, la única responsabilidad social de las empresas está en incrementar las utilidades. Lo anterior, porque a partir de los impuestos que se pagan sobre las mismas, se financian los programas sociales y de redistribución de la riqueza que el Estado está en mejor capacidad de estructurar y ejecutar. Para Friedman, cuando un gerente invierte recursos en obras de caridad o asistencialismo, está tomando decisiones sobre los recursos que no le pertenecen y está además usurpando una función del Estado, encargado del diseño de políticas y programas para la redistribución de la riqueza.

Nosotros interpretamos la intención de Friedman de la siguiente manera: las decisiones filantrópicas per sé deben ser tomadas por los propietarios o accionistas luego de la distribución de dividendos y el Estado es el actor que llamado a generar la redistribución de la riqueza en la sociedad. Esto no significa que la empresa deba buscar a toda costa utilidades para sus accionistas, afectando otros grupos de interés.

Jean Tirole, otro nobel de economía, resalta la importancia para los actores de gobierno corporativo de tener en cuenta otras partes interesadas en la organización. Para Tirole[2], el gobierno corporativo debe buscar internalizar las expectativas de los diferentes grupos de interés, como clientes, proveedores, y empleados, porque la contribución de todos ellos es fundamental para el éxito de la organización. Esto no implica que la generación de utilidades pase a un segundo plano, pero si implica que las empresas deben generar riqueza para los accionistas, atendiendo las expectativas de los otros grupos de interés.

Esta visión sobre ¿para quién se gobierna? pone al gobierno corporativo en la lógica del valor compartido, que según Porter y Kramer[3], representa la evolución de la responsabilidad social corporativa, y busca incrementar la generación de riqueza o valor, logrando que los accionistas y demás grupos de interés estén en un mejor escenario, generando ventajas competitivas para la organización a partir de un mejor relacionamiento con sus grupos de interés.

Estamos seguros que este es el camino para fortalecer la legitimidad de la empresa y el reconocimiento de la misma como una institución clave para el desarrollo económico, social y ambiental. La sociedad civil debe percibir el bienestar que genera la empresa de manera tangible, y, en consecuencia, los empleados, los proveedores, los clientes, los accionistas, y la sociedad en general, tendrán los incentivos y la claridad para defender la empresa privada, y procurar su crecimiento y consolidación buscando el beneficio colectivo. Y bajo esta visión se presenta una alineación natural entre los intereses de la empresa y los del Estado.

El Estado en abstracto, y de manera más tangible, los gobernantes de turno, tienen como objetivo primordial, no solo garantizar el orden y la aplicación de las leyes y marcos normativos que nos rigen, sino, además, procurar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, y en consecuencia, su prosperidad y bienestar. Así, la política pública y los planes de gobierno están orientados a satisfacer las demandas de la sociedad a través de un uso eficiente de los recursos a disposición.

En consecuencia las empresas, junto con el Estado, se enfocan en acciones que propenden por el desarrollo económico, social y ambiental, y en general, por la satisfacción de las necesidades de la sociedad civil. Un actor fundamental que no podemos dejar fuera de esta discusión es la academia. El desarrollo de investigación aplicada y pertinente para la solución de los problemas que enfrentamos como sociedad, y el trabajo de la mano de la empresa y del Estado, para un mejor diseño de prácticas organizacionales y políticas públicas, así como los esfuerzos para incrementar el nivel de educación de la sociedad civil, y la generación de nuevo conocimiento en pro de la innovación, la transformación y el cambio, ponen a la academia como otro aliado fundamental para el progreso económico de las naciones.

La sociedad civil, por su parte, no solo constituye un actor que se beneficia de la actuación coordinada entre las empresas, el Estado y la academia, sino que, además, representa una fuente adicional para la solución de problemas específicos que no logran ser mitigados sin su participación activa. Esto deriva en la creación de entidades sin ánimo de lucro dedicadas a atender problemas específicos de la sociedad, donde encontramos no solo acciones filantrópicas, sino además activismo y emprendimientos sociales, como manifestaciones claras de la participación de la sociedad civil en pro de una sociedad más equitativa, más justa, que alcanza un mayor desarrollo económico, social y ambiental.

Por lo tanto, las relaciones armónicas entre los actores mencionados, es decir, la academia, el Estado, la empresa o sector privado, y la sociedad civil, resultan fundamentales para el bienestar de la sociedad en general. Sin embargo, los conflictos de interés, los problemas de agencia, el comportamiento auto interesado, la extracción de rentas o el comportamiento negligente en todo tipo de organizaciones y contextos, dificultan el desarrollo de estas relaciones armónicas. Sin embargo, es posible identificar casos de éxito que nos impulsan como sociedad a buscar este equilibrio y trabajo coordinado entre estos actores.

Antioquia y Medellín, representan una región y una ciudad referentes que han fungido como ejemplo de trabajo coordinado entre los diferentes actores de la sociedad para buscar el progreso económico, social y ambiental de la región y del país. La relación entre las universidades y el sector público y privado es evidente, y para quienes hemos fungido como pares académicos en procesos de acreditación de las instituciones de educación superior en la región, es evidente la fuerte relación y trabajo coordinado de las mismas con los demás actores en la sociedad.

De igual manera, históricamente hemos evidenciado el aporte de las empresas antioqueñas al desarrollo de la región y el país, con empresas protagonistas en la Bolsa de Valores de Colombia, con adopción de prácticas bajo estándares internacionales, listadas en el exterior, con la capacidad de atraer inversión extranjera directa, y comprometidas con sus diferentes grupos de interés. La sociedad civil igualmente ha resultado activa, y participa en la solución de las problemáticas locales a través de diferentes canales de expresión, veedurías y desarrollo de acciones y emprendimientos sociales. Y los gobernantes regularmente han establecido una relación cercana y de diálogo con la ciudadanía, lo que ha permitido un trabajo coordinado y en procura de un avance en la solución de las problemáticas que enfrenta la región.

Por lo tanto, lo que hemos evidenciado en los últimos meses, no puede pasar inadvertido. La fractura, la división, la falta de diálogo y trabajo concertado afectan la capacidad de cada uno de estos actores, de manera individual, y por supuesto, a través de un trabajo coordinado, de alentar el desarrollo económico y la atención a los problemas sociales y ambientales de nuestra sociedad. Es importante en esta relación el respeto a las instituciones, el manejo adecuado de las comunicaciones, la búsqueda incesante por el consenso, reconociendo las diferencias, pero manteniendo abiertas la disposición al diálogo y la construcción colectiva.

Sin embargo, el daño fundamental de lo que está sucediendo es la destrucción de la confianza y de la cultura de cooperación, y la creación concomitante de fracturas sociales que las nuevas generaciones pueden percibir como algo esperable, sin entender que finalmente es la manera en la que se destruye valor para la sociedad. Las diferencias son naturales y se espera sean la constante cuando se desea alcanzar un bienestar común concertado, pero las mismas no pueden convertirse en la mejor excusa para crear división.

La empresa requiere de un marco institucional sólido que garantice las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad económica. Esto implica instituciones de seguridad, instituciones políticas e instituciones económicas que alienten el desarrollo de la empresa privada, que lleven al establecimiento de un marco normativo que genere estabilidad y que direccione el comportamiento de las personas naturales y jurídicas, y que garanticen además la aplicabilidad de la ley y la seguridad de todos. La fractura que evidenciamos es dañina no solo para la región, sino para el país, y merece reflexión y acciones que permitan dirimir esta situación. El respeto por el Estado y sus gobernantes es tan importante como el respeto por aquellos que asumieron la responsabilidad de crear empresas, de dirigirlas, y de convertirlas en un motor de desarrollo para el país.

Lo anterior no significa que estemos tomando una posición a favor de empresas que atentan contra las instituciones y afectan sus grupos de interés. Tomamos posición a favor de las empresas que generan desarrollo económico y social, que internalizan las expectativas de diferentes grupos de interés, y que requieren para ello de un marco institucional sólido donde el Estado aproveche esta contribución buscando su objetivo primordial de garantizar el bienestar de los ciudadanos.

[1] Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13.

[2] Tirole, J. (2001). Corporate Governance. Econometrica, 69(1), 1-35.

[3] Porter, M., & Kramer, M. (2007). Creating Shared Value. Harvard Business Review, no. January–February 2011, pp. 1–17